El 27 de enero de 1993, hallados los cadáveres, se decreta el secreto de sumario. Apenas unas semanas después, concretamente durante el mes de marzo, la revista Tiempo publica una de las primeras declaraciones autoinculpatorias realizadas por Ricart a la Guardia Civil. Esto supone un gravísimo hecho: estamos ante una filtración del sumario, el secreto sumarial sigue vigente y sin embargo un medio de comunicación nacional ha tenido acceso al contenido de éste. En la hemeroteca de Viriato podeis consultar el reportaje, el cual lo introducen con el título de “Las confesiones de un asesino”, que, además de incorrecto (el presunto asesino al parecer es Anglés según las palabras de Ricart, al que dan cierta credibilidad ya que se molestan en publicar su testimonio) es sin duda sensacionalista y condiciona previamente la actitud del lector.

Joaquín Comíns, el por entonces abogado defensor de Ricart, presenta una denuncia en el juzgado de Alzira. Los motivos están claros. Sin embargo, y hablando ahora a posteriori, no tengo constancia de si se abrió formalmente una investigación al respecto o cuanto menos se intentó ahondar en esta “fisura” de un no tan hermético sumario. Por otro lado, y para situarnos, recordemos que a estas alturas se estaba buscando a Anglés por Lisboa.

Apenas un mes antes de este suceso, las autoridades que llevaban a cabo la investigación se posicionaron a favor del levantamiento sumarial, ya que en términos estrictamente policiales la investigación se podía dar por finalizada. Y es que las pesquisas ya no daban más de sí, según ellos, y únicamente el asunto pendiente era dar con el paradero de Anglés. Esta petición, además de precipitada, fue surrealista. ¿Acaso no era una “pesquisa” el elaborar una reconstrucción de los hechos en base a lo que declara el presunto culpable?. Pues no se hizo nada semejante con respecto a algo tan básico y elemental, así que me pregunto en qué momento acabó realmente la investigación para poder “recomendar” un levantamiento sumarial.

Ricart continúa en prisión preventiva, Anglés no aparece aunque sigue dejando “pistas” y el secreto sumarial finalmente se levanta el 26 de abril. Desde este momento, las partes implicadas en el caso pueden conocer todas las diligencias practicadas hasta la fecha. Por aquel entonces, el sumario constaba de 14 tomos y más de 4.000 páginas. A partir de aquí, como sabeis, todo el proceso comienza a ralentizarse de una manera preocupante. Pasan los meses y no hay noticias de Anglés, tampoco se avanza a nivel pericial y el caso se va enfriando poco a poco. Fernando García de momento se dedica a reunir firmas de cara a una reforma del Código Penal, no está aún denunciando todas las irregularidades sumariales sino que se centra en otros frentes ya que ingenuamente confiaba en la justicia.

Pasan y pasan los meses, y el juez de Alzira que instruye el caso, José Miguel Bort, intentó fallidamente dar carpetazo al sumario en dos ocasiones. Tras la segunda negativa (ya estamos en el año 96 y todavía no hay ningún avance) de los magistrados de la Audiencia, pide el traslado hacia Palma de Mallorca. El problema es que debía analizarse mediante una prueba de queratinas un pelo canoso encontrado por Frontela en uno de los cuerpos.

Ahora es Alicia Valverde quien se hace cargo del sumario. Bien, pasan las semanas, los meses, y el análisis del pelo cano incomprensiblemente sigue sin practicarse. Aquí es cuando Fernando García empieza a cansarse de lo que ocurre. Incluso su propio abogado, Luis Romero Villafranca (no un simple letrado, sino que nada más y nada menos que el Decano del Colegio de Abogados de Valencia), sorprendentemente es partidario del cierre sumarial. Esto provoca la ruptura entre ambas partes debido, según él, a “la quiebra del principio de confianza con el cliente”.

¿Por qué ese ansia de iniciar con la mayor brevedad posible el proceso judicial impidiendo y/o demorando la realización de importantes pruebas periciales?. Los cuerpos se hallaron en el año 1993, y como ya he dicho estamos en el ’96 sin prácticamente avanzar ni esclarecer nada. Incluso se llegó a decir por boca de importantes partes personadas en el caso que en España no había medios para analizar los vellos, cuando sí que los había, tal y como se demostró a posteriori.

En noviembre del 1996, y tras comprobar que el pelo cano no pertenece a Cortona, se vuelve a cerrar el sumario y se descartan nuevos análisis. Fernando García amenaza con denunciar a la jueza y al fiscal por cerrar el caso y quiere presentar un recurso contra dicha decisión judicial, considerando estas acciones como alevosas y premeditadas. A su vez, Clara Campoamor también recurre. Por si fuera poco, Ricart, conocedor de la situación, también mete más presión y dice que él está dispuesto a hacer cualquier tipo de análisis que pruebe su inocencia.

Sin embargo, esto no produce ningún golpe de efecto, ya que al día siguiente se confirma prácticamente el cierre sumarial. Y es que, contra esta decisión, sólo cabe un recurso de súplica. A primeros de diciembre, Fernando García anuncia su intención de pasar las Navidades con una pancarta en la puerta del Palacio de Justicia si la Audiencia no acepta el recurso de súplica que su abogado planteará.

El 4 de diciembre, las partes interesadas piden, además de analizar el ADN de los 7 pelos hallados en las ropas de las jóvenes, el de otros 3 vellos púbicos. En total, serían 10 pelos a analizar, cuyo tiempo aproximado de cara a conocer los resultados del trabajo se establecería en dos meses y medio aproximadamente. Finalmente, el 9 de diciembre se hace constar un auto notificado por el tribunal, en el que la Audiencia ratifica el cierre de la investigación, es decir, el cierre sumarial y la imposibilidad de realizar más análisis. Al mismo tiempo, concede un plazo legal de 5 días al fiscal para que elabore sus conclusiones provisionales. Se desestima, así, el recurso de súplica. La por entonces última opción de Fernando García.

El juicio se prevé que se celebre previsiblemente en la segunda quincena del venidero mes de enero del 1997. Pero ahora es el fiscal Beltrán el que sorprendentemente cambia de opinión. Ahora se muestra partidario de analizar ciertos pelos, aunque sostiene que el resultado de esas pruebas no variará su acusación. Lo que busca realmente con el análisis es evitar la posibilidad de que se pudiera producir una nulidad de actuaciones en caso de presentarse un recurso de sentencia ante el Tribunal Supremo, además de como medida ante la intención de algunas acusaciones de presentar un recurso de constitucionalidad. Beltrán prefería esperar 2 o 3 meses y evitar riesgos de que el juicio se anulase y/o perdiera valor, aunque realmente no le importasen los resultados del análisis ya que según él habían indicios suficientes para juzgar a El Rubio…

El 26 de febrero de 1997 se conoce el veredicto de la Audiencia. Se acuerda analizar la totalidad de cabellos que requerían las acusaciones y, además, se amplía la lista de 10 a 15 pelos. Serán analizados en Santiago, y, a bordo del equipo estará Ángel Carracedo.

¿Por qué hubo que insistir tanto para analizar los pelos?. A base de machaconería y cabezonería parece que es la única forma de poder reclamar cosas tan básicas como un análisis pericial que puede resultar determinante en el devenir del caso, pero que sin embargo se ha venido ignorando mayúsculamente por la instrucción hasta la fecha.

A su vez, Fernando García se querella contra el juez Bort, antiguo instructor del caso, debido a las irregularidades tanto en el levantamiento de los cadáveres como en la inspección ocular, haciéndolo directamente responsable como máxima autoridad personada. En la denuncia se quieren hacer constar deformidades u ocultamiento de datos en la diligencia. También presenta una segunda querella por prevaricación al admitir la personación de la asociación Clara Campoamor. Desea que se aplace la vista contra Ricart hasta que no haya un dictamen sobre estos temas, ya que una decisión a su favor obligaría a corregir ciertos aspectos del sumario, y, por ende, debería reabrirse y volver a investigar en condiciones.

Entre mientras, al fin llega el resultado del estudio de vellos practicado en Galicia por el señor Carracedo: ninguno de los pelos correctamente analizados corresponde a Miguel Ricart. Esto relaja a El Rubio y puede fortalecer la teoría de Frontela. Beltrán y Campoamor no cambian su posición.

Las denuncias (antes comentadas) de Fernando García las archivan y no se aceptan, al igual que otra interpuesta a varios guardias civiles por presunta falsedad documental. Aún tiene opción de recurrirlas aunque todo indica que va a dar igual. No nos engañemos, Fernando García ha tenido 4 años para presentar dichas querellas y hasta ahora no lo ha hecho. La principal motivación de Fernando García con estas denuncias, y por ende su propósito real, es impedir que el juicio se celebre o al menos retrasarlo lo máximo posible. Sabe que si juzgan a Ricart, se dará carpetazo al caso, ya que de Anglés no se sabe nada tras todos estos años y el “Sumario B” no es más que una pura formalidad.

Convoca una manifestación en Alcácer (ilegal según la delegación del gobierno, por lo que hubo una sanción económica importante) el viernes 9 (el juicio se inicia el lunes 12) para impedir que arranque el juicio con el lema “Queremos justicia”, acto que aprovecha para anunciar su retirada de la acusación particular, ya que no desea participar en lo que para él es una mentira. Fernando García quema así su último cartucho para meter presión a los magistrados, que sin embargo se muestran firmes.

Los acontecimientos se siguen precipitando a pocas horas para el juicio. Ahora es Frontela el que envía un informe a la Audiencia. Detalla que hay posibles restos de sangre y semen en la alfombra que envolvía los cuerpos. Éstos no habían sido hallados por otros expertos que habían trabajado con esta pieza de convicción, ni por él mismo ya que anteriormente no disponía de un láser de argón portátil para poder examinar el tejido. Debido a este descubrimiento, solicita tiempo para determinar a quién pertenecen estos restos… lo cual implicaría un lógico retraso del juicio, cuando estamos a 2-3 días para que empiece.

Ante esta noticia, la acusación particular vuelve a pedir la suspensión del juicio por enésima vez. Las medidas de presión se suceden pero la vista arranca en la fecha señalada, ignorando la petición. No se analiza a fondo la alfombra al venir la noticia en “tiempo procesal incorrecto”, Ricart es condenado tal y como se preveía (pese a la ausencia de onus probandi) y del resto de investigaciones del llamado “Sumario B” nunca más se supo. Es decir, la lectura que cualquier persona con un mínimo de perspectiva podría hacer en aquellas fechas.

LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA

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