La única persona que se sienta en el banquillo es Miguel Ricart, presunto coautor de los tres asesinatos junto a Antonio Anglés, que nunca ha podido ser encontrado por la policía. Las principales pruebas en contra de ambos son una autoinculpación del propio Ricart tras ser detenido y un volante de la Seguridad Social, utilizado por el hermano del desaparecido Anglés, encontrado en la escena del crimen.

Fernando García, padre de Miriam, ha contratado a un equipo de expertos y abogados que han investigado los hechos. García cuestiona la culpabilidad de Ricart y Anglés, a los que considera meros encubridores de una red a gran escala de tráfico de menores. Según la acusación particular, el trozo de moqueta que examina Frontela sería clave para determinar la participación de otras personas en el triple asesinato.

No es éste el único cabo suelto que ha quedado en la dilatada investigación judicial. Los acusadores reprochan al instructor la tardanza en practicar algunas pruebas periciales como la del ADN, lo que, según su opinión, ha contribuido a dificultar la reconstrucción de los hechos.

Prestigiosos abogados penalistas han señalado que el sumario de 4.000 páginas carece de hilo conductor sin que sea posible descubir un sólido móvil que explique las conductas que se atribuyen a Ricart y Anglés. Este -que podría arrojar luz sobre el crimen- no ha podido ser encontrado. No hay la menor pista sobre su paradero, tras descartar la policía que el personaje recientemente entrevistado por el diario Ya sea Anglés.

Todas estas incógnitas y condicionantes gravitan sobre el proceso de Valencia, en el que, dadas las circunstancias, será difícil conocer toda la verdad. Tal vez sea posible probar de forma concluyente que Ricart -que ayer se declaró inocente- fue uno de los autores del triple asesinato, pero hay serias dudas de que la Justicia pueda ir más allá y dilucidar si existieron terceras personas implicadas en los hechos.