CORRESPONSAL

VALENCIA.- La vista oral por el caso Alcácer, cuatro años y medio después del triple crimen, comienza hoy en la sección segunda de la Audiencia de Valencia con un único hombre sentado en el banquillo de los acusados: Miguel Ricart Tárrega. Se lo acusa del secuestro, violación y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres jóvenes secuestradas en noviembre de 1992 y halladas muertas tres meses más tarde.

En el trasfondo del juicio, Antonio Anglés, supuesto cómplice de los hechos y fugitivo desde el día siguiente al hallazgo de los cadáveres de las niñas, y el más importante protagonista del caso.

La acusación solicita para Miguel Ricart penas que van de los 206 a los 245 años de cárcel y una indemnización para las familias que oscila entre los 300 y 600 millones de pesetas. La defensa, representada por el abogado Manuel López Almansa, pide la libre absolución para el Rubio, apodo de Ricart.

En caso de que el tribunal declarara culpable al único detenido, con la legislación vigente, cumpliría un máximo de 17 años en la cárcel. A este tiempo habría que descontar los cuatro años que Ricart ya ha pasado en prisión preventiva.

El fiscal del juicio, Enrique Beltrán, intentará inculpar a Miguel Ricart basándose en la confesión que realizó poco después de ser detenido por la Guardia Civil en el domicilio de Antonio Anglés.

En su escrito de conclusiones, Beltrán considera también «la posibilidad» de que en el triple crimen participaran otras personas además de Ricart y Anglés. Es ésta, precisamente, la versión a la que se aferra la acusación particular, que representan los padres de Toñi, para anular el comienzo de la vista oral del caso Alcácer, a través del abogado José María Garzón. La acusación popular la desempeñará la asociación Clara Campoamor.

El texto de conclusiones presentado por la acusación particular mantiene que el lugar donde se cometieron los asesinatos no está aún determinado y que las niñas fueron sometidas a torturas y a agresiones sexuales y físicas durante un periodo de tiempo de una semana.

La defensa considera que en el sumario no existen pruebas que relacionen a Ricart con los hechos por los que será juzgado.

300 PRUEBAS.- Por la sala de la Audiencia de Valencia está previsto que desfilen desde hoy y hasta el 16 de junio 132 testigos y 35 peritos. Todos los organismos implicados en la instrucción del sumario ya han remitido al tribunal valenciano las más de 300 pruebas de convicción solicitadas en las últimas semanas por las partes personadas y que serán mostradas en la vista oral.

Una de las últimas pruebas remitidas a la Audiencia fue el resultado de los análisis de DNA realizados a los 15 pelos encontrados en los cuerpos de las niñas. El informe dice que tres de ellos no pudieron ser analizados por el deterioro y que ninguno de los otros 12 pertenece a la única persona que se sentará en el banquillo.

Además, el forense Luis Frontela remitió el viernes el hallazgo de manchas de sangre, semen y fluidos humorales en la alfombra que envolvía los cadáveres, pero sin determinar a quién corresponden esos fluídos.

CIRCUITO CERRADO.- Ante la expectación que ha levantado el juicio -más de 30 medios españoles acreditados- y teniendo en cuenta que en la sala donde se celebra tiene un aforo de 100 personas, el tribunal ha habilitado una sala de prensa desde la que se podrá seguir la vista oral a través de un circuito cerrado de televisión.

Aunque esta solución podría no servir de nada. Antes de comenzar la vista, el tribunal deberá resolver una petición de los letrados José María Garzón y José María Allende, de la acusación particular, en la que solicitan la celebración del juicio «a puerta cerrada». Los abogados entienden que en la vista oral se abordarán «temas muy escabrosos» que, de ser difundidos, podrían perjudicar seriamente a su cliente.